Toma de la residencia del embajador de Japón en Lima

La toma de la residencia del embajador japonés en Lima fue un secuestro masivo que comenzó el 17 de diciembre de 1996 en San Isidro, Lima, Perú, cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios que asistían a una celebración con ocasión del 63º aniversario del nacimiento del Emperador de Japón Akihito organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en el Perú, Morihisa Aoki.

Gran parte de los 800 rehenes fue liberada rápidamente. Todas las mujeres fueron puestas en libertad la misma noche del 17 de diciembre, incluyendo la madre del presidente Alberto Fujimori que se encontraba en el evento, hecho que pasó desapercibido para los secuestradores. Tras ser retenidos como rehenes durante 126 días, 71 de los 72 rehenes que quedaban fueron liberados el 22 de abril de 1997 en una incursión armada de las Fuerzas Armadas de Perú conformada por el Comando Chavín de Huántar. El operativo dejó como resultado la muerte de un rehén, dos comandos y los catorce militantes del MRTA que participaron de la toma. La operación fue percibida como un gran éxito y obtuvo atención mediática en todo el mundo.

Inicialmente, Alberto Fujimori, entonces Presidente del Perú, recibió gran crédito por salvar la vida de los rehenes. Sin embargo, desde entonces, han aparecido informes que sugieren que cierto número de terroristas habían sido ejecutados sumariamente después de haberse rendido. Estos descubrimientos han sido seguidos por demandas civiles contra oficiales militares por parte de los familiares de los terroristas fallecidos. En 2005, la oficina del Fiscal General de la Nación en Perú imputó los cargos y ordenó el comienzo de las audiencias. El 17 de abril de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República del Perú por la violación del derecho a la vida.

Crisis de los rehenes

Antecedentes

En 1992, el líder del MRTA, Víctor Polay Campos, sería recapturado en la Operación Café. El liderazgo de la organización terrorista sería asumido por Néstor Cerpa Cartolini y Miguel Rincón Rincón. Debido a la captura de los dirigentes del MRTA y el anuncio del acuerdo de Paz entre Abimael Guzmán y el Estado peruano, Cerpa Cartolini y Rincón Rincón dispusieron la "toma" del Congreso para exigir la liberación de los subversivos capturados a cambio de los congresistas secuestrados. Sin embargo, la captura de Rincón Rincón y otros emerretistas (entre ellos Lori Berenson) frustró los planes. A pesar de esto, Cerpa Cartolini siguió con los planes de tomar por asalto un importante objetivo.

Antes de la toma de la embajada, dos ex guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador con alias "Osmin" y "Roman" viajaron a Perú para entrenar a los subversivos del MRTA en el departamento de Junín y ayudar en la elección de los terroristas que participarían en la toma de la embajada de Japón. Los terroristas elegirían el nombre de Oscar Torres Condezo para nombrar al comando encargado de la operación. Oscar Torres Condezo fue un miembro del MRTA que murió en Colombia mientras luchaba en el Batallón América.

Inicio de la toma

El martes 17 de diciembre de 1996, el embajador del Japón en el Perú Morihisa Aoki ofreció una recepción con motivo del cumpleaños del Emperador Akihito, en su residencia de la calle Tomás Edison N.º 210 en el distrito de San Isidro, Lima. A las pocas horas de iniciada la celebración, se produjo una explosión e ingresaron 14 terroristas del MRTA que se encontraban en la casa vecina y tomaron como rehenes a los 800 invitados, entre los cuales se encontraban diplomáticos, ministros de Estado, altas autoridades y familiares del entonces presidente Alberto Fujimori.

La emboscada sorpresa y la toma de la residencia del embajador de Japón fue la operación de más alto perfil del MRTA en sus 15 años de historia. El ataque colocó al Perú en general y al MRTA en particular en el centro de atención mientras duró la crisis. Los invitados relataron que los terroristas hicieron un hoyo en la pared del jardín de la residencia del embajador, con una explosión, alrededor de las 8:20 p.m. del 17 de diciembre de 1996.

El complejo había estado custodiado por más de 300 oficiales de policías y guardaespaldas fuertemente armados. La vivienda estaba rodeada por un muro de 3.50 metros y tenía rejas en todas las ventanas, vidrios a prueba de balas en muchas de ellas y puertas construidas para soportar el impacto de una granada. Por tanto, era un sitio fácil de defender desde el interior.

Las noticias del asalto del MRTA a la residencia del embajador causaron que la Bolsa de Valores de Lima cerrara tres horas más temprano, dado que las acciones locales se desplomaron. El sentimiento de la población peruana en general puede ser resumido con un comentario de un editorial del periódico peruano más importante: «Es un revés de al menos cuatro años. Hemos regresado a ser un país sujeto al terror». Las noticias llegaron durante un período de baja popularidad del presidente Alberto Fujimori (cayó al 40 % desde el 75 % a inicios de 1996), quien había recibido hasta entonces el crédito por restaurar la paz en el país luego que la actividad terrorista había cesado en gran medida a lo largo del país durante su primer mandato presidencial.

A las pocas horas se difundió un comunicado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en el cual se comentó:

En el primer comunicado, el MRTA también presentó sus demandas

La reacción gubernamental

El 21 de diciembre, Fujimori hizo su primer anuncio oficial sobre la toma de rehenes. En un discurso televisado de cuatro minutos, condenó a los asaltantes, llamó al asalto del MRTA "repudiable" y rechazó las demandas del MRTA en su totalidad. No excluyó un intento de rescate armado, pero dijo que estaba dispuesto a explorar una solución pacífica a la situación. Fujimori hizo su discurso poco después que el líder del MRTA Néstor Cerpa anunciara que liberaría gradualmente a los rehenes que no estuvieran conectados con el gobierno peruano.

El 22 de diciembre, el MRTA respondió mediante un pronunciamiento leído por el exministro de Trabajo Sandro Fuentes Acurio.

Durante los meses siguientes, los rebeldes liberaron primero a todas las mujeres y, paulatinamente, a los demás rehenes excepto a 72 de ellos.

Demandas

En los días inmediatamente posteriores a la toma, el Comité Internacional de la Cruz Roja actuó como intermediario entre el gobierno y los terroristas. Entre los rehenes se encontraban oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad peruanas, incluyendo a Máximo Rivera, el jefe de la policía antiterrorista peruana, DINCOTE, y su ex jefe Carlos Domínguez. Entre los otros rehenes se encontraban Alejandro Toledo y Francisco Sagasti, quienes más tarde se convertirían en Presidentes del Perú, y el político Javier Diez Canseco. Los 24 rehenes japoneses incluían a la propia madre del presidente Fujimori y su hermano menor, Santiago Fujimori. El líder de los terroristas fue identificado como Néstor Cerpa Cartolini, de 43 años de edad.

Los terroristas interpusieron una serie de demandas:

• La liberación de 465 de sus miembros de las prisiones en todo el país (incluyendo al destacado miembro del MRTA Peter Cárdenas Schulte, a la terrorista estadounidense recientemente condenada Lori Berenson y a la esposa de Cerpa).
• Una revisión de las reformas gubernamentales neoliberales de libre mercado.
• Señalaron al programa de asistencia extranjera de Japón en Perú como motivo de crítica, bajo el argumento de que esta ayuda beneficiaba solo a un estrecho segmento de la sociedad.
• También protestaron contra lo que denunciaron como condiciones crueles e inhumanas en las cárceles peruanas.

El sacerdote jesuita Juan Julio Wicht permaneció en cautiverio voluntariamente, a pesar de que los terroristas habían considerado su liberación. El político de izquierda Javier Diez Canseco estuvo entre los 38 rehenes que fueron liberados poco después de la toma de la residencia. Él defendió al MRTA e hizo un llamado para que el gobierno negociara un acuerdo. Diez Canseco dijo que los secuestradores tenían entre «18 y 20 años de edad, quizás 21... Son un grupo de fuerzas especiales, comandos. Creo que son jóvenes que quieren vivir. No quieren morir».

Al ser liberado, Alejandro Toledo dijo que lo que el MRTA quería en realidad era una amnistía que permitiría a sus miembros participar en la vida pública. Sostuvo que cualquier intento de rescatar a los rehenes por la fuerza sería "insensato", dado que estaban "armados hasta los dientes". Los cuartos de la residencia así como el techo, dijo, estaban llenos de explosivos. Añadió que los terroristas tenían armas antitanque y usaban mochilas llenas de explosivos que podían ser detonados al jalar una cuerda ubicada sobre su pecho.

En el aspecto diplomático, el Canciller Japonés, Yukihiko Ikeda, y el Canciller de Malasia llegaron al Perú preocupados por los prisioneros.

Negociaciones

En busca de una solución pacífica, Fujimori nombró un equipo para que sostuviera conversaciones con el MRTA que incluyó al embajador canadiense Anthony Vincent, quien había sido brevemente rehén él mismo, el arzobispo Juan Luis Cipriani Thorne y un delegado del CICR. Este equipo estuvo presidido por el entonces Ministro de Educación Domingo Palermo Cabrejos. Fujimori incluso habló con el líder cubano Fidel Castro, levantando especulación mediática sobre un acuerdo arreglado para que los rebeldes del MRTA fueran a Cuba como exiliados políticos; sin embargo, el 17 de enero se informó que las negociaciones con el MRTA se habían estancado.

A inicios de febrero, una nueva brigada de tropas peruanas fuertemente equipada tomó las riendas de la vigilia de la embajada, al reproducir música militar a alto volumen y hacer gestos provocativos a los rebeldes, quienes respondieron con una r…