Agricultura 88%
Saneamiento 6,3%
Minería 3,8%
Generación Eléctrica 0,6%
Industrial 0,6%
Pecuario 0,4%
El manejo de recursos hídricos en Chile es ampliamente conocido por su Código de Aguas de 1981, redactado después de que el general Augusto Pinochet tomara el control mediante un golpe de Estado militar. Los mecanismos del libre mercado se convirtieron en la filosofía económica para el manejo de recursos hídricos, incluidos el desarrollo de los mercados de agua y los permisos de agua negociables. En 2005, se aprobó una reforma fundamental del Código de Aguas de 1981 para abordar los problemas de equidad social y protección medioambiental. El manejo de recursos hídricos en Chile se reparte entre el sector privado, que proporciona inversión para la infraestructura y la distribución, y los organismos, que proporcionan supervisión reguladora, mantienen los registros y emiten derechos sobre el agua. Chile está negociando la formalización de acuerdos con Bolivia y Argentina para manejar los recursos compartidos y los proyectos de almacenamiento de agua. Chile también recibe apoyo para proyectos de recursos hídricos con 150 millones US$ en préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Chile tiene tres regiones hidrológicas bien definidas:
El río más largo de Chile, el Loa, se encuentra en Atacama. El Baker y el Biobío sirven para la generación de energía hidroeléctrica y el Maipo abastece de agua a Santiago.
Chile dispone de un agua de bastante buena calidad y se conoce por sus extraordinarios sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) estableció el objetivo de tratar el 95% de las aguas residuales para 2010. La contaminación de fuentes puntuales de efluentes mineros y la escorrentía agrícola de fuentes no puntuales son un problema, al igual que las descargas de agua sin tratar en los lagos, ríos y acuíferos. Chile ha mejorado en esta área desde la declaración de 1980 para 'vivir en un medio ambiente sin contaminación'.
Chile ha aumentado las exportaciones de frutas y vino, para lo cual es necesario mejorar y desarrollar las tecnologías y el manejo del riego. Los futuros proyectos hidroeléctricos en el río Baker están en fase de planificación y deberían ayudar a Chile a hacer frente a las demandas de energía. Los proyectos hidroeléctricos generan el 40% de la electricidad de Chile. Las minas de cobre son una de la mayores contribuciones al PIB de Chile y necesitan grandes volúmenes de agua; por lo tanto, se crea un conflicto entre los usos domésticos y las necesidades para satisfacer las demandas de exportación de cobre y fruta. Existen muchos glaciares en Chile y el cambio climático está aumentando la tasa de deshielo. Debido a que el deshielo continúa, los expertos concuerdan en que la energía hidroeléctrica, el riego y el abastecimiento de agua para el consumo humano pueden disminuir.
En 1855, el Código Civil chileno comenzó a conceder licencias a las partes privadas para el uso exclusivo del agua. Casi cien años más tarde, Chile aprobó el Código de Aguas de 1951, mediante el que se creó un sistema de administración de derechos sobre el agua muy similar al implementado en el oeste de Estados Unidos, según el cual el gobierno concedía derechos provisionales sobre el agua que se convertirían en derechos de propiedad protegidos después de su uso. En 1967, se promulgó un nuevo código de aguas con el fin de sustituir al de 1951, que formaba parte de la reforma agraria. El Código de Aguas de 1967 se destinó a otorgar poderes a los propietarios de tierras para que pudieran recibir agua e intentó redistribuir el agua como un componente de la estrategia de los gobiernos de reformar la política agraria. El Código de Aguas de 1967 fortaleció el control gubernamental sobre el agua y permitió la redistribución de los grandes estados y la expropiación de tierras y derechos sobre el agua que se iban a reasignar, sin conceder ninguna indemnización a los anteriores titulares. La tierra expropiada antes de 1974 se dividió en pequeñas explotaciones agrícolas y se concedieron derechos sobre la tierra y el agua a los ocupantes actuales, incluidos unos 48.000 pequeños agricultores. En parte debido a estas reformas, en parte por una situación económica desfavorable, en 1973 se produjo el golpe militar que depuso al Presidente Allende. El régimen militar del dictador Augusto Pinochet comenzó a adoptar políticas económicas de libre mercado y, en 1980, se aprobó una nueva constitución. No hubo que esperar mucho para la llegada del Código de Aguas de 1981.
Respaldado por la Constitución chilena de 1980, el Código de Aguas de 1981 estableció el marco que debía seguirse para asignar y manejar los recursos hídricos en Chile. Conocido a nivel internacional como el "modelo chileno", la experiencia chilena en el manejo de recursos hídricos se caracteriza por su uso de las fuerzas del libre mercado y los mercados de agua para reasignar el agua a usos de alto valor. Aunque en Chile existían derechos privados sobre el agua antes de 1981, los códigos de aguas previos restringían la creación y el funcionamiento de un mercado de agua eficiente. Mientras se elaboraba el borrador del Código de Aguas entre finales de los años 70 y principios de los 80, el gobierno se preocupó por los problemas de riego y de la agricultura. Los artífices del Código de Aguas de 1981 intentaron ser eficientes en la reasignación del agua dentro de los mercados agrícola y de riego. Como afirmó Hernán Buchi, exministro de Hacienda de Chile (1985–1989), “el objetivo de la acción gubernamental en este campo era crear sólidos derechos de uso del agua para facilitar el correcto funcionamiento del mercado como mecanismo de asignación”.
En su libro sobre el derecho de aguas chileno, "The Siren Song" (Canto de sirenas), Carl. J. Bauer ofrece una crítica equilibrada del modelo chileno con sus aspectos positivos y las áreas en las que el modelo no ha funcionado tan bien. Entre algunos de los problemas se encuentran: la protección ambiental, el manejo de las cuencas fluviales, el interés público, la equidad social, la coordinación de usos múltiples y resolución de conflictos por el agua". Además, Bauer escribe que el marco legal e institucional ya no es capaz de hacer frente a los problemas relacionados con el modelo. El autor prosigue para afirmar que "el marco actual se caracteriza por una combinación de elementos que se reafirman entre sí para mantener el statu quo:
Con el apoyo de los economistas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y la oposición de los defensores del comando y control, el modelo chileno ha sido estudiado y documentado extensamente por sus métodos innovadores a la par que controvertidos. El Código de Aguas de 1981 marcó el inicio para Chile de un entorno de reglamentación fundamentado en el manejo de los recursos hídricos basado en el libre mercado y alejado de los métodos de comando y control que fallaron antes de 1981 para asignar de forma eficaz los recursos hídricos y obtener ganancias económicas. Bauer propuso que, junto con la Constitución de 1980, el Código de Aguas de 1981 ha logrado alcanzar con éxito muchas de sus prioridades iniciales, especialmente aquellas que fortalecen los derechos de propiedad privada. De acuerdo con Bauer, las prioridades iniciales del modelo chileno incluyen, entre otras, las siguientes: "
Como se resume a continuación, la distribución de pode…
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